Producto
de la problemática actual de demandas y
querellas que enfrentan los profesionales de la
salud , debemos buscar formas de protección y prevención que nos
resguarden como
profesionales y nuestro
actuar en la clínica. Para
esto contamos con una serie de normas y
procedimientos como son :
protocolos de procedimientos estandarizados, consentimientos
informados por especialidad, evaluación del “ riesgo permitido”
en el caso de procedimientos altamente peligrosos, objetivos y
currículum en la formación de pre y post grado, reuniones de
trabajo dentro de la sociedades científicas, universidades, colegios
profesionales, entre las diferentes especialidades médicas u
odontológicas, los peritos legistas y abogados expertos en
responsabilidad civil, etc.
Por
otra parte, debemos
considerar también que cada paciente que se nos presenta es
diferente, algunos
de ellos padecen diversas patologías, y las condiciones de
enfermedad muchas veces no se presentan de igual forma en los
diferentes individuos. El
Dr. McCarthy, en un libro “Emergencias en Odontología”, plantea
que “el odontólogo debe realizar la evaluación médica, con la
finalidad de determinar, la aptitud física y síquica y emocional de
sus pacientes, para tolerar un tratamiento dental, con comodidad y
relativa seguridad”. Es
por esto que la Sociedad Americana de Anestesistas plantea clasificar
a los pacientes según las
patologías
que presentan, la gravedad y grado de control de las
mismas.
De esta manera tipificamos a nuestros pacientes, los
individualizamos,
evaluamos su condición médica, pedimos las interconsultas
necesarias, los
derivamos si no nos sentimos preparados para asistirlo.
Se debería utilizar como primera medida una
encuesta de salud médica, de autollenado, que debe ser firmada por
el paciente. Se pueden diseñar de dos tipos, unas más simple y
menos extensa para los pacientes sanos o portadores de enfermedades
leves o controladas y otra más detallada y extensa, para pacientes
con enfermedades sistémicas graves y/o limitantes, o que van a ser
sometidos a un tratamiento odontológico quirúrgico más complejo
(implantes de titanio, quistectomias, etc.).
El dentista, por lo tanto, cuenta con el derecho y
el deber de solicitar el consentimiento informado firmado del
paciente previo a cualquier actuación diagnóstica o terapéutica, o
de la familia o representante legal, en caso de ser menor o estar
incapacitado. Y de denegar un tratamiento específico si el paciente
se negara a firmar el consentimiento, o de prestar los cuidados que
estime pertinentes según su conciencia y saber profesional en una
situación de emergencia o urgencia, si resultara imposible obtener
el consentimiento firmado.
Otra forma de protección con que cuenta el
dentista, es suspender la continuidad de un tratamiento iniciado si
se pierde en algún momento la relación de confianza con el
paciente. En tal caso deberá advertirlo con la debida antelación al
paciente, familiares o representante legal, y facilitar toda la
información necesaria para la continuidad del tratamiento al nuevo
profesional que se haga cargo del mismo. O a su vez, solicitar del
paciente la firma del alta voluntaria cuando éste interrumpiera el
tratamiento por decisión propia, y si se negara a ello, a proponer y
obtener dicha alta del responsable del centro de salud. Todas estas
medidas buscan preveer y evitar complicaciones futuras.
Bibliografía:
-Carrasco Tapia P. Odontólogo legista,
Responsabilidad legal profesional, Facultad de Odontología U de los
Andes.
-Proyecto de ley sobre “Derechos y deberes de las
personas en materia de salud”: Boletín N° 2727-11, ISSN
0717-0416, 27/07/01
